La Oroya, una ciudad de aproximadamente 20.000 habitantes, está situada a 3.750 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, al margen del Río Mantaro, a unos 176 km al noreste de la capital peruana Lima. Pertenece al departamento de Junín y a la diócesis de Huancayo.

Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, afirmaba al recibir el ‘Premio Anual de Derechos Humanos’ otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “No hay marcha atrás en la defensa de la vida, la salud, el trabajo digno y el cuidado del medio ambiente».

Los viatores, invitados por monseñor Pedro Barreto, acabamos de ‘abrir’ una nueva comunidad en Huancayo. Desde aquí, Pedro, todo nuestro apoyo a todo tu trabajo en defensa de la Vida.

Monseñor Barreto señala que ampliación de PAMA para Doe Run es indigno para los peruanos

«Durante doce años, Doe Run Perú operó en La Oroya arrojando las 24 horas del día humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. Según lo establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico pudiera originar en la ciudad de La Oroya. Sin embargo, a lo largo de estos años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir operando el complejo metalúrgico. Siguió contaminando legalmente, y las consecuencias en el transcurso de los más de diez años, son los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, con graves problemas respiratorios y con el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.

La iniciativa legislativa promovida por el congresista Casio Huaire, que ampliaría el PAMA a Doe Run Perú por tercera vez -que actualmente se encuentra en debate público- no tiene ningún acápite que haga referencia al derecho a la vida y de vivir en un entorno sano, el mismo monseñor Pedro Barreto, coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, manifestó su indignación y señaló que dicha iniciativa no tiene ningún atisbo de defensa de la vida y de la salud de la población, “la mesa ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna  para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run», dijo.

Indicó que el artículo 8 también le da opción a una nueva ampliación. «El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra», señaló Barreto, al asegurar que el pedido de una exoneración de multas, tal como lo solicita el legislador Huaire, es un premio a una empresa irresponsable.

Por su parte Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostuvo que el actual gobierno tiene una  visión desfasada de los derechos humanos y nos vende una visión engañosa del desarrollo. Nos muestra un falso desarrollo enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva. “Con el caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una escusa para  dejar de lado la protección de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dice Pérez. Señala además que el desarrollo “debería entenderse como un incremento del bienestar de las personas y sus posibilidades vitales.  Un desarrollo no se construye en base a destruir el futuro de los niños”.

“No se puede plantear una dicotomía entre el derecho a la salud o el derecho al trabajo. El Estado debería encontrar una fórmula que permita garantizar el respeto a ambos derechos y no colocarlos en dos posiciones contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y de ingresos”.

 Igualmente, la abogada, Gloria Cano de Aprodeh opina que no existe contraposición de derechos más bien debe prevalecer tanto el derecho a la salud como el derecho al trabajo. “La población y los trabajadores tienen el derecho de insistir de que se reabra lo que consideran su principal fuente de trabajo en la región, pero teniendo en cuenta  las condiciones en las que se desarrolla esta actividad y aquí entra a tallar el derecho a la salud. Ambos derechos no pueden contraponerse. El trabajador de Doe Run tendrá derecho al trabajo y a un trabajo digno.

Finalmente, Mar Pérez dijo que la contaminación de Doe Run genera otro tipo de pobreza al país que no aparece en las cuentas de la empresa pero repercute en el bolsillo de las familias. ¿Cuánto gasta una familia en medicinas para tratar las enfermedades contraídas por la contaminación con gases tóxicos? La exposición a altos niveles de contaminación le cuesta al país proyectos de vida quebrados, pone un riesgo la capacidad de producción de su fuerza de trabajo y el rendimiento de un trabajador se ve mermado con la salud deteriorada.»

Publicado por ‘Plataforma La Oroya por un cambio‘